La organización asume la responsabilidad por los daños ocasionados cuando a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, se causan daños o lesiones a una persona física o jurídica que no tenga el deber jurídico de soportar, siempre que no se trate de un supuesto de fuerza mayor, implica el reconocimiento del derecho a indemnización de los particulares.

• DNI, pasaporte, NIE o tarjeta de residencia del solicitante.
• En el caso de representación, DNI del representante y escrito de autorización del interesado.
• Facturas acreditativas de la valoración económica.
• Declaración jurada de no haber iniciado otro tipo de reclamación por los mismos hechos.
• Documentos, fotografías e informes que estimen oportunos, y proposición de pruebas.

Es gratuito

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 5/2002, de 3 junio, del Consejo Consultivo de Canarias.